En medio de la laguna Petrel se levanta la Isla de San Antonio o Isla de Petrel. Durante buena parte del siglo XX, su historia estuvo marcada por esfuerzos del municipio pichilemino por protegerla como un espacio público, y por una comunidad que, con el paso del tiempo, entendió su valor ecológico y cultural.
Las primeras referencias formales datan de 1946, cuando el alcalde de la época, Armando Caroca Rojas, informó a los regidores que había iniciado gestiones para que la isla pasara a manos municipales. Según se dejó consignado el 26 de octubre de 1946, estas conversaciones habían sido “muy bien encaminadas por el señor Guillermo Greene”, quien intervino ante las sucesiones Ortúzar y Suárez Mujica. Dos décadas más tarde, el regidor Héctor Greene Valverde volvería a insistir en la indefinición jurídica del islote: la sesión del 3 de diciembre de 1966 consigna que, al no figurar en la escritura de venta de la hacienda San Antonio de Petrel, él estimaba que la Municipalidad podía “tomar posesión de ella como bien de uso público”.
La presión por resguardar este espacio aumentó a fines de los años 60. El 5 de junio de 1968, el alcalde Carlos Rojas Pavez expuso la necesidad de conservar este lugar para el uso de la comunidad, recordando que la isla “es un lugar muy frecuentado en todo tiempo por el reposo y el agrado que se encuentra entre las plantaciones que lo adornan”. Pero también alertó sobre su deterioro: las plantaciones estaban siendo destruidas por “vecinos inescrupulosos”, lo que amenazaba una de sus “bellezas naturales más importantes”. Tras su exposición, el municipio declaró la Isla de Petrel de utilidad pública, acordó gestionar una ley de expropiación si fuera necesario y ordenó instalar un cartel que dijera: “Parque Dr. Suárez. Propiedad de la Municipalidad de Pichilemu”, a fin de resguardar el lugar.
Las discusiones continuaron durante 1968 y 1969. Las actas del 7 de agosto de 1968 señalan que el alcalde defendió el acuerdo municipal en base a que el antiguo propietario, el doctor Eugenio Suárez Herreros, había ofrecido donarla para paseo público. Un mes después, el 4 de septiembre de 1968, el administrador del fundo San Antonio de Petrel manifestó su disposición favorable a la donación, lo que fue confirmado en diciembre por el representante de la Sociedad Agrícola San Fernando: ya consideraban la isla como “bien raíz municipal”.
En julio de 1969, el municipio trató un nuevo problema: el robo de madera. Se acordó pedir a Carabineros investigar a quienes estaban “cortando árboles en el bosque”, para así evitar más daños. Finalmente, a inicios de 1970, el alcalde Rojas Pavez informó al Concejo que la Municipalidad era “actualmente la dueña de la Isla de Petrel”, aunque la donación no se formalizó por escrito en su momento. Ese proceso se completaría meses después: el 18 de noviembre de 1970 se autorizó iniciar los trámites legales, y en febrero de 1971 la Ilustre Municipalidad aprobó los pagos para obtener los títulos definitivos de la isla, “donada a la Municipalidad por la Sociedad Agrícola San Fernando”.
A partir de mediados de los años 90, el estatus jurídico de la Isla de Petrel volvió a convertirse en un tema de debate municipal. Aunque durante décadas se asumió su calidad de bien de uso público, surgieron nuevos antecedentes que reabrieron la discusión sobre su dominio real. En 1996, el seremi de Bienes Nacionales, Mauricio Salinas Escobar, declaró desconocer si la isla formaba parte del fundo San Antonio de Petrel y anunció gestiones para aclarar la situación. Al año siguiente, el Concejo Municipal examinó nuevamente la historia documental del islote: el 26 de junio de 1997, el concejal Washington Saldías presentó copias de actas de 1960 y otros antecedentes que reafirmaban la antigua tesis municipal de que la isla no figuraba en la escritura de venta de la hacienda, lo que habría permitido su posesión como bien público. Sin embargo, durante esa sesión otros concejales plantearon una realidad distinta.
Según lo expuesto, un juicio anterior entre José Miranda y un miembro de la familia Errázuriz había determinado que la isla era propiedad de Miranda. Además, se señaló que en las décadas previas tampoco se gestionaron títulos formales a favor del municipio, pese a que en los años 60 y 70 se actuó como si la isla ya fuese pública. Ello se volvió relevante cuando se informó que el antiguo regidor Héctor Greene habría vendido el fundo Las Mercedes —incluyendo la isla— a Carlos Catalán y José Miranda, y que estos últimos no pudieron inscribirla inicialmente por existir dudas sobre su pertenencia al fundo San Antonio. Finalmente, Miranda ganó el pleito.
Estas contradicciones llevaron al municipio a asumir una posición cauta. En mayo de 1997, se recomendó suspender cualquier procedimiento administrativo relativo a la isla hasta revisar los antecedentes históricos en poder del municipio. En julio, José Miranda solicitó formalmente que el municipio retirara un oficio enviado a Bienes Nacionales que había frenado la inscripción de dominio, argumentando que ello le generaba graves perjuicios personales. El alcalde informó al Concejo que no existían documentos sólidos que permitieran a la Municipalidad sostener una reclamación de propiedad. El asesor jurídico municipal, Ricardo Donoso, coincidió en que la ley es clara al establecer que la inscripción válida otorga propiedad, y recomendó priorizar un catastro completo de los bienes municipales —y de aquellos que presuntivamente podrían haber sido municipales— antes de seguir avanzando. El 10 de julio de 1997, el Concejo Municipal acordó por unanimidad retirar el oficio que impedía la inscripción, asumiendo formalmente que no existían títulos que acreditaran dominio municipal sobre la Isla de Petrel. En agosto de 1998, el Concejo continuó solicitando información a Bienes Nacionales, siendo esta la última ocasión en que figuran gestiones sobre la isla en las actas municipales.
En el siglo XXI, el valor ambiental del sector queda claro. La laguna Petrel fue por años receptora de aguas servidas, hasta que en 2009 la instalación de una planta de tratamiento permitió recuperar el humedal, facilitando el regreso de aves como flamencos chilenos, cisnes de cuello negro, cisnes coscoroba, taguas y gaviotas. La presencia de flamencos —una especie en categoría vulnerable— reforzó la urgencia de proteger a Petrel y su entorno.
Ese camino de recuperación culminó el 12 de agosto de 2021, cuando el Ministerio del Medio Ambiente anunció que el Humedal de Petrel era reconocido oficialmente como el primer humedal urbano de la región de O’Higgins. La autoridad destacó que este logro respondía al trabajo coordinado con la comunidad y a la demanda por resguardar un ecosistema frágil y valioso. Con ello, se abrió la posibilidad de nuevas herramientas de protección, ordenanzas y educación ambiental para cuidar este espacio que forma parte de la identidad pichilemina.
Hoy, la Isla de Petrel es un capítulo vivo de la historia local: un espacio por el que autoridades, vecinos y organizaciones han luchado por décadas; un refugio para aves y plantas que habitan el borde costero; y un símbolo del creciente compromiso de Pichilemu con la conservación de sus humedales. La isla, administrada por la Municipalidad desde hace más de medio siglo y protegida bajo la ley de humedales urbanos, recuerda la importancia de preservar la memoria natural del territorio. Un lugar que ayer fue disputado, hoy es valorado; y que mañana seguirá siendo parte esencial del patrimonio ambiental de la comuna.
